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Eligiendo el mal menor

Por Daniel Artana, economista de FIEL 
@ArtanaDaniel

En una economía que sigue sufriendo una recesión moderada con alta inflación se abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre la Argentina y los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010. 

30.06.2014 19:17 |  Por Artana Daniel  | 

Daniel  Artana
Daniel Artana

Economista de FIEL 

Agotadas las instancias judiciales en Estados Unidos, el gobierno nacional tiene que optar entre acordar con los fondos buitre que ganaron el juicio o entrar en default con los pagos de los vencimientos de la deuda pública restructurada emitida bajo legislación extranjera. En otras palabras, hay que elegir el mal menor: cumplir con una sentencia que tiene aspectos cuestionables o afrontar los costos para la economía de una cesación de pagos (aunque sea parcial).

Los acontecimientos principales de los últimos días de junio pueden resumirse en los siguientes: Indirectamente, el Juez Griesa aclaró su decisión de que no puede pagarse a los tenedores de bonos restructurados bajo ley americana si no se le paga también a los litigantes que ganaron el juicio. Contrario a lo que especulaban algunos observadores, que pensaban que el magistrado embargaría la mitad de cualquier giro que hiciera la Argentina como pago parcial de la sentencia, la decisión de ordenar al Bank of New York que devuelva el dinero equivale a decir que para cumplir con la sentencia y al mismo tiempo cumplir con los pagos de intereses del bono Discount que vencen el 30 de junio, la Argentina debe enviar el doble del dinero (unos US$ 1060 millones). Esto lleva a que la decisión de cumplir o no con los titulares de bonos Discount pase a ser exclusiva del gobierno argentino.

El gobierno nacional ha criticado la decisión del Juez y buscado (en forma tardía) nuevos apoyos de terceros países. También se ha especulado con la posibilidad de entablar una demanda en el Tribunal de La Haya.

Independientemente de la viabilidad legal de tal demanda, el punto es que en el ínterin si no se cumple con el pago de los intereses del bono Discount dentro del período de 30 días posteriores a la fecha del vencimiento, la Argentina entraría en un default parcial y la economía sufriría los costos de tal decisión.

Existe un plazo de 30 días que las partes podrían aprovechar para alcanzar un acuerdo con el apoyo del mediador nombrado por el Juez. Sin embargo, un acuerdo requiere de un cambio legal que lo habilite y ciertas garantías de que no disparará la llamada cláusula RUFO por la cual los que participaron en los canjes de 2005 y 2010 podrían demandar un trato similar al que recibirían los holdouts. Hay dudas respecto de si esa cláusula sería aplicable, ya que no se trataría de una mejora voluntaria de la Argentina sino impuesta por una decisión judicial, y si alcanza a todos los bonos o sólo a los Discount (quienes los aceptaron sufrieron una quita del 66% del capital original). Idealmente, habría existido mayor flexibilidad para negociar al expirar dicha cláusula (lo que ocurrirá el 31 de diciembre de 2014), pero lamentablemente el diferendo se ha planteado seis meses antes.

Se visualizan así tres escenarios posibles:
1. No se llega a un acuerdo y la Argentina continúa reclamando ante distintos
foros pero entra en default en la deuda reestructurada bajo legislación extranjera.
2. Llegar a un acuerdo con los holdouts que se conoce antes de finales de julio.
3. Se acuerda con los holdouts recién a comienzos de 2015 para despejar las
dudas sobre la cláusula RUFO. En el ínterin, el país sufre las consecuencias de un
default que sólo podría evitarse si el Juez decide reponer la suspensión de la ejecución
de la sentencia hasta finales de 2014 y a pedido de los fondos buitres (ya que la
solicitud del gobierno fue rechazada).

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