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Opinión

Buenas y malas noticias para la futura administración

por Daniel Artana, economista de FIEL 

@ArtanaDaniel

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A medida que se acercan las elecciones presidenciales de octubre se confirman las severas restricciones que enfrentará la futura administración que, por ahora, los candidatos principales han omitido discutir o siquiera plantear en público. Pero, por otro, han recibido la “buena” noticia que se mantendrá la normativa de emergencia que permite alguna flexibilidad a la hora de adoptar medidas económicas para lidiar con la herencia que recibirán del gobierno actual.

El déficit fiscal sigue camino a terminar el año cerca de 7% del PIB. El ahorro que produjo la reducción en el precio de importación del gas natural licuado fue más que compensado con el impacto de la nueva moratoria sobre la cantidad de jubilados, por el aumento en otras transferencias corrientes y por mayores gastos de capital. El déficit primario sin contar las utilidades del BCRA aumentó 135% y el global 89%, ambos comparados con el mismo período del año 2014.

La elevada presión tributaria (que es la más elevada de la región junto con Brasil y superior a la de Estados Unidos, Japón y el Sudeste Asiático) es una limitante importante para intentar una mejora en la posición fiscal por la vía de los ingresos; así parecen reflejarlo los candidatos que de una u otra manera proponen reducciones en algunos tributos. La rigidez de una parte importante del gasto corriente sólo dejaría espacio para la reducción del déficit por la vía de los subsidios (con costos políticos) y la inversión pública (inconveniente, si se quiere aumentar la tasa de inversión de la
economía).

La inacción en materia fiscal obligaría a conseguir un financiamiento externo importante que no es claro que esté disponible durante los cuatro años de gestión de la futura administración. El déficit estructural del sector público nacional (es decir, aquel medido en un momento normal del ciclo económico) es del orden de 20 a 25.000 millones de dólares y el déficit actual del orden de 35.000 millones de dólares. Existe poco margen adicional disponible para el financiamiento interno ya que la inflación “tolerable” no sería mucho mayor a la actual y casi la mitad de los depósitos del sistema
financiero ya estará prestada al sector público a finales del año.

A ese panorama fiscal se suma el atraso cambiario que se evidencia por el elevado nivel del gasto público y salarios medidos en dólares. Una devaluación exitosa requeriría bajarlos en dólares pero sin afectar su poder adquisitivo en pesos constantes, pero ello plantea el desafío de mantener acotado el pass through a los precios para evitar que la corrección termine en un mero salto nominal, como ocurrió en el primer semestre del año 2014.

De acuerdo a trabajos académicos de hace una década, el pass trhough es mayor en contextos de inflación alta (por ejemplo, si la inflación es 20% mayor a la “normal”, el pass through aumenta en alrededor de 20% respecto de los traspasos del orden del 10 al 20% en contextos de estabilidad de precios). Eso sugiere que la Argentina podría enfrentar un pass through elevado del orden de 40%, aún contando con un programa fiscal, monetario y de ingresos adecuado. Esto puede generar alguna inestabilidad nominal, máxime si se contempla que el BCRA tendrá poco poder de fuego para poder
intervenir suavizando saltos cambiarios bruscos.

Sin embargo, la opción de estabilizar primero para corregir el tipo de cambio después, enfrenta un claro problema de inconsistencia intertemporal: el atraso cambiario es muy evidente, y para que los ahorristas y las empresas se mantengan en pesos se requeriría de una tasa de interés relativamente elevada que compense el previsible salto cambiario. Eso sería negativo para la recuperación de la economía de corto plazo.

Respecto del sector real de la economía y la posibilidad de aumentar la inversión, debe señalarse que aún en el mejor momento del boom de commodities, la inversión no superó los 24% del PIB. Los desaguisados en materia de política sectorial desde entonces y la percepción de que el ciclo positivo de las commodities se acabó hacen mucho más urgentes los cambios profundos en las reglas de juego que han caracterizado a la administración saliente. También la experiencia internacional muestra que los paliativos tributarios no compensan los efectos negativos de un clima de negocios
adverso.

En un contexto de problemas fiscales severos, atraso cambiario y reglas de juego que desalientan la inversión una coordinación estrecha de las decisiones de política económica parece indispensable. En lugar de atomizar la toma de decisiones en varios ministerios, se requiere centralizarla en un Ministerio de Economía fuerte que asegure la consistencia fiscal y la coherencia en las reformas sectoriales que serán necesarias para atraer la inversión.
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Fecha: 02/10/2015

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